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¿Qué sistemas de captura permite la Ley para combatir los daños que provocan los predadores? ¿Cualquier persona puede llevar a cabo esta labor o es necesario reunir ciertos requisitos? En este artículo respondemos a estas y otras muchas preguntas… Ya en tu quiosco la revista Jara y Sedal, en la que podrás leer este interesantísimo nuevo trabajo de Jaime Valladolid, abogado especializado en Derecho sobre caza y medio ambiente.

¿Estás pensando en reforzar el número de ejemplares presentes en tu coto? No temas a los trámites burocráticos: estos son los pasos que has de seguir para ello. Toma nota de estos consejos.   1.- Necesitas autorización administrativa: Sí, la introducción o reintroducción de especies o subespecies de fauna cinegética o, en su caso, el reforzamiento de sus poblaciones en el medio natural única y exclusivamente puede efectuarse con la autorización de la Administración competente en materia de medio ambiente (Dirección General u organismos provinciales) y siempre que no existan riesgos de hibridación que alteren la pureza genética de las autóctonas… ni tampoco peligro de competencia biológica que pueda comprometer su estado de conservación o la viabilidad de su aprovechamiento cinegético. Ponte en contacto con los Servicios Periféricos de tu provincia. Allí te informarán.   2.- ¿Qué comprobará la Administración? En síntesis, que la acción es compatible con las determinaciones o previsiones de los planes de ordenación de los recursos naturales, con los de gestión de los espacios naturales protegidos y con los de conservación de la fauna amenazada y, en su caso, con otros generales que afecten a las especies cinegéticas declaradas con algún tipo de interés preferente. Y evidentemente, que se adecúa con el plan técnico de aprovechamiento cinegético aprobado por la Administración y, en su caso, también se analizará la repercusión que pueda tener en los usos y aprovechamientos tradicionales de la zona, ya sean agrícolas, ganaderos o forestales.   3.- Requisitos normativos: 1.- Solo en zonas susceptibles para tal fin (como por ejemplo áreas cercadas u otras que garanticen la impermeabilidad o imposibilidad de hibridación para la especie concreta; 2.- siempre bajo el apoyo, control y vigilancia de la Administración competente; 3.- siguiendo estrictamente las pautas establecidas científicamente y avaladas con investigaciones que prevean la posible consecuencia de efectos negativos producidos por la reintroducción; 4.- las especies a introducir deben proceder de un coto o de una granja cinegética y contarán con autorización de captura, en el primer caso, o comunicación previa de salida en el segundo; 5.- la acción debe estar prevista en el plan técnico del acotado y adecuarse a lo establecido en el mismo, para lo cual se comprobará que la especie a introducir no pueda desplazar o competir por el hábitat con las especies silvestres naturales, alterar su pureza genética o los equilibrios biológicos, salvo cuando se trate de reforzamiento de poblaciones preexistentes; y 6.- no se autoriza la introducción de especies procedentes del extranjero.   ¡NUNCA SUELTES SIN AUTORIZACIÓN! Proceder a efectuar estas acciones sin la previa autorización administrativa sería una conducta constitutiva de al menos un ilícito administrativo, generalmente calificado en la mayoría de las comunidades autónomas como una infracción grave y, por lo tanto, duramente sancionada. Concretamente, la letra f) del epígrafe primero del artículo 76 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (en adelante LPNyB) dispone que: “1.- A los efectos de esta Ley, y sin perjuicio de lo que disponga la legislación autonómica, se considerarán infracciones administrativas: f) La introducción de especies alóctonas incluidas en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, sin autorización administrativa”. Esta misma Ley establece que las Administraciones públicas competentes prohibirán la introducción de especies, subespecies o razas geográficas alóctonas, cuando éstas sean susceptibles de competir con las especies silvestres autóctonas, alterar su pureza genética o los equilibrios biológicos, de acuerdo a su artículo 52.2. Pero yendo un poco más allá, la realización de este tipo de acciones sin la preceptiva autorización administrativa puede ser incluso reprochable penalmente en ciertos supuestos. Por ejemplo, el artículo 333 del Código Penal dispone que “El que introdujera o liberara especies de flora o fauna no autóctona, de modo que perjudique el equilibrio biológico, contraviniendo las leyes o disposiciones de carácter general protectoras de las especies de flora o fauna, será castigado con la pena de prisión de cuatro meses a dos años o multa de ocho a veinticuatro meses y, en todo caso, inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a tres años”.   EL CERTIFICADO DE PUREZA GENÉTICA Cada vez son más las administraciones que, conscientes de la problemática ecológica y sanitaria que conlleva la introducción de especies foráneas, exigen a las granjas, principalmente de ciervos ibéricos y perdices, que sean poseedoras del denominad certificado de pureza genética que acredite la idoneidad genética de los animales que comercializan y que, por lo tanto, se soltarán en nuestros campos. Hace unos años, varios laboratorios españoles y extranjeros con experiencia en el estudio de la genética de perdices fueron convocados por la Fundación para el Estudio y Defensa de la Naturaleza y la Caza (FEDENCA) para emprender un proyecto encaminado a la detección de la hibridación de la perdiz roja. El objetivo del proyecto era elaborar un método molecular fiable para la detección de la hibridación en la perdiz roja que poseyera la suficiente potencia y fuese susceptible de convertirse en una herramienta útil para los criadores, gestores y organismos oficiales. Finalmente, y aplicando los resultados obtenidos a la práctica, algunas administraciones autonómicas, como Extremadura o Murcia, vienen requiriendo desde hace un tiempo este certificado de pureza genética para la realización de sueltas o repoblaciones. En la actualidad, el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) trabaja en un programa de certificación de calidad genética más fiable, estancado por la ausencia de marcadores utilizables.  

Es una realidad. Para ellos, el fin justifica los medios. Si para terminar con la actividad cinegética han de pagar como moneda de cambio el exterminio de una especie como el arruí, no lo dudan… ¿Qué estrategia están siguiendo para intentar conseguirlo? ¿Utilizan argumentos sólidos o, al contrario, carentes de justificación? Te lo cuento en este artículo.   1.- La farsa sobre el estado de las poblaciones: es la más habitual. Afirman, sin ninguna justificación, que el número de ejemplares de una especie cinegética concreta se encuentra en disminución. Sin embargo, los estudios elaborados por científicos e investigadores concluyen lo contrario: gracias a la actividad cinegética se mantienen o aumentan. Además, se olvidan de otros factores negativos que sí causan un grave perjuicio, como por ejemplo el uso de fertilizantes en actividades agrícolas. Los periodos hábiles, cupos y demás limitaciones establecidas en las órdenes de veda garantizan su conservación.   2.- El “comodín” del periodo reproductor: lo han utilizado para la codorniz, la paloma torcaz, la tórtola y la perdiz. Ello ha llevado a que en muchas regiones se haya retrasado la apertura de la media veda. En el caso de la modalidad de perdiz con reclamo, obvian que el calendario establecido por las comunidades autónomas realiza una diferenciación según la altitud del lugar donde se cace, de tal modo que se garantiza que no coincida con el periodo prenupcial. No obstante, el artículo 66 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, dispone que “la Administración competente podrá autorizar la modalidad de la caza de perdiz con reclamo macho, en los lugares en donde sea tradicional y con las limitaciones precisas para garantizar la conservación de la especie”.   3.- Cuando la caza de una especie cinegética coincide con el periodo de nidificación y cría de aves rapaces. En estos supuestos instan a que se prohíba directamente la práctica de la actividad cinegética. Sin embargo, obvian que el plan técnico de cada acotado establece diversas limitaciones (franjas de seguridad, días inhábiles de caza, etc) para el caso de que en él se hallen nidos de estas especies.   4.- La excusa de la presencia de especies protegidas. Sí, como por ejemplo el lobo, el lince o el oso. Para estos grupos radicales, esta circunstancia debe impedir que ser practique la actividad venatoria. Sin embargo, se olvidan de algo fundamental: gracias a la gestión llevada a cabo por los propietarios de los acotados donde habitan, estos animales pueden alimentarse. De hecho, según diferentes estudios, las poblaciones de especies protegidas han experimentado un mayor aumento en las zonas con aprovechamiento cinegético que en las que no se permite cazar.     5.- Las exóticas invasoras, la última “moda” para lograr su objetivo. Si una especie es jurídicamente catalogada como exótica invasora, deberá ser exterminada. ¿Y esto qué significa? Que no podrá cazarse. ¡Qué demagogia! Quienes se erigen como supremos defensores de los animales son capaces de instar a la eliminación de una especie si con ello consiguen su propósito: que no puedan gestionarse a través de su aprovechamiento cinegético.   6.- Para ellos, los perros y gatos asilvestrados son… ¡animales de compañía! Sí, como lo lees. Así lo afirman los grupos animalistas. Por supuesto, como consecuencia de ello concluyen que no debe procederse a su control a través de la caza, sino que ha de seguirse el protocolo establecido en las leyes de protección de animales domésticos: capturarlos y trasladarlos hasta los centros que gestionan estas mismas asociaciones en virtud de acuerdos suscritos con los consistorios municipales.   7.- Y la caza… ¡peligrosa para la seguridad de las personas! Con esta burda excusa algunos grupos ecologistas exigen que se prohíba la práctica de la actividad cinegética durante el    periodo estival. “Es un incremento inaceptable de riesgo de accidente para cazadores y no cazadores. Y supone un impacto negativo en las actividades asociadas al uso recreativo y turístico del monte”, afirman. Sin embargo, se olvidan de que la normativa cinegética establece normas de seguridad para evitar la producción de accidentes. Ah, y no solo la caza conlleva riesgos. Precisamente, estas actividades “recreativas” y “turísticas” que tanto defienden también pueden entrañar ciertos peligros.     8.- En contra del control de predadores en media veda. Consideran que basta con el que se realiza durante la temporada general. Incurren en una evidente contradicción: exigen que no se cacen determinadas especies cinegéticas, como por ejemplo la perdiz, porque aseguran que su estado poblacional es preocupante y, sin embargo, instan a que no se autoricen métodos para combatir a zorros, en cuya dieta prima sin duda nuestra reina de la menor.   9.- ¿Contra el fuego? Más bien contra la caza. Denuncian que el uso de las armas… ¡puede provocar incendios! Precisamente, según los expertos en la materia, la principal causa de incendios forestales es el despoblamiento rural, en definitiva, el abandono de las actividades tradicionales, entre las cuales se encuentra la cinegética. De hecho, gracias a las labores que se efectúan en los cotos de caza (podas, instalación de charcas, realización de cortafuegos, etc.) se previene tanto su producción como su propagación. De hecho, ellos más que nadie quieren que la fauna y flora de su acotado se encuentre en óptimas condiciones, y suelen ser los primeros en cerciorarse de cuando, lamentablemente, arde el monte.   10.- La última “lindeza”: aseveran que la normativa cinegética “está hecha a medida de los cazadores”. Totalmente falso: en los consejos donde se dirimen los intereses que afectan al medio ambiente y la biodiversidad, los grupos ecologistas siguen siendo mayoría. Incluso están representados en las asambleas autonómicas y en el Parlamento. Sin embargo, inexplicablemente, las federaciones y asociaciones que defienden a los cazadores siguen siendo minoría.   La gran amenaza ya es una realidad…  Sí, en la actualidad ya están empleando todas estas alegaciones para intentar tumbar diferentes disposiciones que contemplan la caza como una herramienta de conservación del medio ambiente: las Órdenes de Vedas de Castilla y León y Castilla-La Mancha,

Precisamente, se trata de una de las grandes novedades incluidas en la Orden de Vedas de esta región para esta temporada. Concretamente, su artículo 5 dispone que los trofeos de piezas de caza mayor abatidos en las modalidades de rececho y/o aguardo, salvo el jabalí, no podrán ser sacados del acotado donde se han cazado sin llevar correctamente cumplimentado y ajustado el precinto justificativo, para lo cual, “el cazador deberá tener siempre a su alcance, al menos un precinto sin utilizar”.