Según datos ofrecidos por la última Memoria Anual de la Fiscalía General del Estado, los delitos contra la flora y la fauna se han multiplicado por tres en los últimos ocho años. Así, en el 2008 fueron 84 las sentencias condenatorias por la comisión de este tipo de infracciones penales, mientras que en el 2016 esta cifra ascendió hasta las 263.
Pese a que no puede ofrecerse un único motivo que justifique este gran aumento de resoluciones judiciales condenatorias, sin duda alguna, la concienciación social, sobre todo en el ámbito del sector cinegético, ha influido notablemente en que se persigan más y con mayor ahínco y perseverancia este tipo de ilícitos penales. De hecho, en estos últimos años las federaciones y fundaciones en defensa de la actividad cinegética se han personado, en el ejercicio de la acción popular, en diversos procedimientos judiciales incoados por la comisión de delitos contra la flora y la fauna al objeto de perseguir a sus autores.
La inversión en tareas de vigilancia por parte de los titulares de los aprovechamientos cinegéticos, así como la ingente y encomiable labor de los agentes medioambientales y del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil también han sido vitales a la hora de detectar e identificar a sus autores.
No obstante, con el fin de que este tipo de conductas delictivas desaparezcan o al menos disminuyan notablmente, desde diversas organizaciones del sector cinegético se viene solicitando al Gobierno de España una modificación del Código Penal que, al menos, equipare las penas previstas para estos delitos a las de robo con fuerza en las cosas (de tres a cinco años de cárcel).