El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 2 de Oviedo ha reconocido a una ganadera de Caldevilla de Rengos (Asturias) su derecho a ser indemnizada íntegramente por el Principado de Asturias por los dos ataques de osos que sufrió en su explotación ganadera en agosto de 2017.
Concretamente, la resolución concluye que: “no cabe duda de que la misma (la responsabilidad patrimonial de la Administración) concurre en el presente caso al no haberse discutido la realidad de los hechos narrados en la demanda y reproducidos en el anterior fundamento de derecho, dimanando tal responsabilidad de lo establecido en el art. 38 de la Ley 2/1989, de 6 de junio, de Caza del Principado de Asturias”.
Lo más destacable de dicha sentencia es que, entre otros daños producidos por el oso a la explotación de la recurrente se encuentran la pérdida de disminución de la paridera, es decir, los corderos que dejaron de nacer como consecuencia del estrés que sufrieron las hembras reproductoras por sendos siniestros, así como otros daños materiales (rotura de cercados) que provocó el Ursus arctos y cuya reparación tuvo que costear la ganadera. “La anulación o disminución de esta parida (disminución de la paridera), que es consustancial a la explotación, determina un daño directo y no eventual o incierto. En definitiva, considera esta juzgado que la parte demandante ha aportado una prueba rigurosa respecto a la realidad de un lucro cesante que necesariamente ha de ser incluido en el importe de la indemnización a abonar”, señala la resolución.
Sin duda alguna, se trata de un importantísimo precedente judicial que abre la puerta a futuras sentencias estimatorias para los ganaderos asturianos afectados por ataques de especies protegidas (osos y lobos, principalmente).
Este nuevo éxito judicial se suma a otras cinco resoluciones judiciales dictadas por los tribunales madrileños en idénticos términos (pero por ataques de lobos), en los que el abogado Jaime Valladolid también ha ostentado la dirección letrada.
No obstante, lo especial de éste es que se trata de la primera condena a una administración autonómica por ataques de osos al ganado.
