Efectivamente, entre otros requisitos, para la obtención y renovación de una licencia de armas es necesaria la aportación de un certificado psicotécnico oficial que será emitido si superamos un reconocimiento auditivo-visual y un test de personalidad.

En primer lugar, el médico analizará las patologías previas y tratamientos farmacológicos a los que el solicitante se encuentra sometido. Además, nos tomará la tensión arterial, nos pesará y medirá y nos realizará una revisión oftalmológica y audiométrica.

Por otro lado, también habrá de determinarse que contamos con la estabilidad mental y emocional normativamente exigida para ser poseedores y utilizar armas de fuego, para lo cual tendremos que responder a una serie de preguntas que pondrán en evidencia los rasgos de nuestra personalidad.

De este modo, si superamos estas pruebas, podremos obtener este certificado, que habremos de entregar junto al resto de documentación (licencia de caza, justificante del pago de las tasas, etc.) a la Intervención de Armas de la Guardia Civil correspondiente a nuestro domicilio, que será la encargada de la tramitación del procedimiento.

Por último, el Reglamento de Armas no exige que este informe sea emitido por un centro médico de la misma provincia donde se ubica nuestra Intervención de Armas, por lo que, en principio, hay total libertada para su elección siempre y cuando se trate de un centro oficial y homologado para la emisión de este tipo de certificados.

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No obstante, en reciente Sentencia nº 321/2020, de 13 de octubre, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid concluye que “en el supuesto de autos, la administración se ha limitado a hacer una enumeración de las resoluciones que en el pasado han ido denegando al recurrente las distintas licencias que el mencionado había solicitado. Y le reprocha que vuelva a pedir lo que en su momento se le denegó, haciéndole saber que dicha conducta, al entender de la administración “resulta poco ortodoxa”.

En ningún lugar de la resolución, ni tampoco en el expediente, se hace una enumeración de los antecedentes penales o policiales, vigentes o cancelados, que hubieran podido motivar la resolución denegatoria. Dichos antecedentes no constan ni en el informe del jefe de la Comandancia, ni en la resolución de trámite de audiencia, ni en la resolución recurrida.

(…) Por todo ello debe acogerse la alegación hecha por el recurrente en el sentido de que debe estimarse la nulidad de la resolución, dado que se generó indefensión al recurrente al no haberse consignado los antecedentes motivadores de la denegación”.

De este modo, el TSJ de Madrid estima el recurso interpuesto contra la resolución denegatoria de la licencia de armas, condenando además a la administración recurrida al pago de las costas procesales.

La defensa jurídica del licenciatario ha sido desempeñada por el Letrado Jaime Valladolid, director del despacho profesional JV abogados.

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