Los hechos se remontan al año 2023, cuando se produjo el traslado en camión de una vaca a una planta de transformación procedente de una explotación ganadera. A simple vista, el animal parecía fallecido, pero cuando llegó a su destino los veterinarios detectaron que presentaba signos de estar aún con vida.

Jaime Valladolid / Abogado especializado en Derecho Cinegético y Medioambiental

Con fecha 22 de junio de 2026, la Sección nº 7 de la Audiencia Provincial de Madrid dictó Auto nº 607/2026, por el cual acuerda desestimar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Fiscal contra el auto dictado por un Juzgado que decretó el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones respecto de un ganadero que venía siendo investigado por la presunta comisión de un delito de maltrato animal.

Más en concreto, el Tribunal considera que: “(…) la vaca no presentaba ningún síntoma de maltrato, encontrándose en debidas condiciones, y de la declaración del transportista resulta que cuando él llegó a recoger el animal a la explotación para su traslado a la planta de transformación, no tuvo duda de que, como manifestaba el encargado de dicha explotación, estaba muerto”.

Del mismo modo, en el Auto se señala que el transportista “no advirtió ningún movimiento en el camión que le pudiera hacer sospechar que alguno de los animales que transportaba, en este caso, la vaca que había recogido en la explotación del investigado, estaba viva”.

De este modo, concluye que “no existen indicios suficientes de la comisión del delito de maltrato animal”.

Dicha resolución es firme y contra la misma no cabe interponer recurso alguno.

La defensa jurídica del ganadero ha sido asumida por el Letrado D. Jaime Valladolid, director de JV abogados, despacho especializado en Derecho Rural y Medioambiental.

El cargo La Audiencia Provincial de Madrid confirma el archivo respecto de un ganadero injustamente acusado de maltrato animal apareció primero en JV Abogados.

Los hechos se remontan al año 2022, cuando, como consecuencia del pienso suministrado a una explotación de vacuno de leche de la Comunidad de Madrid, varios de los animales enfermaron e incluso murieron. La empresa proveedora reclamó el precio del pienso al ganadero y éste se negó a su abono invocando la excepción de contrato no cumplido. Ahora, el Tribunal da la razón al titular de la explotación y le exonera del pago.

Con fecha 7 de abril de 2026, la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Colmenar Viejo (Madrid) ha dictado Sentencia, en virtud de la cual desestima la demanda presentada por una empresa proveedora de piensos contra el titular de una explotación ganadera de la Comunidad de Madrid, en la que le reclamaba la cantidad de 56.607,71 € en concepto de impago de facturas por suministro pienso. Y ello, además, con condena en costas a la parte actora.

Más en concreto, el Tribunal considera lo siguiente: “(…) a la vista de la prueba practicada (…) se llega a la conclusión de que el pienso suministrado fue el determinante de la problemática de los animales (cetosis) y que su composición inadecuada fue el origen o la causa de la misma y, si bien no se hizo un análisis de la composición del pienso, lo cierto es que ambos testigos-peritos reconocen la coincidencia temporal entre el suministro del pienso por la actora y la aparición de la afección.

(…) De lo cual, es evidente que el producto suministrado es de todo punto inhábil para el fin para el que fue adquirido, en cuyo caso nos encontramos ante el denominado “aliud pro alio”, o entrega de cosa inidónea para el fin para que fue comprada.

Siendo el defecto de la cosa entregada de tal punto que podemos decir que es esencial, originando su inhabilidad. Dando lugar a un pleno incumplimiento del contrato por la parte actora, por lo que la resolución unilateral del contrato llevada a cabo por el comprador (demandados) que dejó de pagar del precio del pienso suministrado en la cuantía que aquí se le reclama es legítima y conforme a derecho, por lo que la demanda debe ser desestimada”.

Dicha sentencia no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de apelación en el plazo de veinte días.

La defensa jurídica del ganadero ha sido asumida por el Letrado D. Jaime Valladolid, director de JV abogados, despacho especializado en Derecho Rural y Medioambiental.

El cargo Nuevo éxito de JV abogados: La Justicia concluye que la inhabilidad del pienso suministrado a una ganadería supone un incumplimiento esencial del contrato apareció primero en JV Abogados.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha dictado la Sentencia nº 144/2026, de 27 de marzo de 2026, en virtud de la cual acuerda estimar el recurso de apelación interpuesto por el titular de un coto de caza contra la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Guadalajara con fecha 17 de mayo de 2023, declarando nula de pleno derecho y revocando la resolución dictada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por la que en el año 2021 se acordó la anulación de un acotado de la provincia de Guadalajara.

El TSJ de Castilla-La Mancha señala lo siguiente al respecto: “El procedimiento administrativo iniciado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que desembocó en la resolución que acuerda la anulación del coto de caza privado número (…), está sometido, como todo procedimiento, al instituto de la caducidad.

Y como indica la parte apelante en su recurso, y no contradice ninguna de las partes apeladas, ni la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha, ni el Decreto 141/1996, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de aplicación de la Ley 2/1993, de 15 de julio, de Caza de Castilla-La Mancha (vigente en aquel momento), establecen un plazo específico de caducidad para los procedimientos relativos a la anulación de acotados de caza. Ahora bien, esto no significa que este procedimiento no quede sometido a plazo alguno para tramitarlo y resolverlo, pues sería contrario al principio de seguridad jurídica y buena administración.

Por ello, inexorablemente, debe operar el plazo de tres meses previsto en la normativa básica en materia de procedimiento administrativo común y, más en concreto, en el art. 21.3 L.P.A.C.A.P., que en su letra a), para los procedimientos iniciados de oficio, como es el caso, no dice que se contará “desde la fecha del acuerdo de iniciación”.

Consecuencia de lo anterior, y en aplicación de lo dispuesto en el art. 25.1 b) del referido texto legal, como procedimiento iniciado de oficio en el que se ejercitan potestades susceptibles de producir efectos desfavorables, procede declarar la caducidad y el archivo de las actuaciones.

En efecto, considerando que el procedimiento de anulación del coto de caza se inició en virtud de resolución de 30 de marzo de 2021 (…), es evidente que, a la fecha del dictado de la resolución, de 12 de julio de 2021, donde se acordó la anulación del mencionado acotado, habría transcurrido, con creces, el plazo de tres meses -sin necesidad de acudir al momento de su notificación-, de manera que la única resolución posible era declarar su caducidad y el archivo del procedimiento”.

De este modo, concluye la Sentencia, “debemos estimar el recurso de apelación y revocar la sentencia apelada, sin necesidad, ni posibilidad, de abordar el resto de los motivos impugnatorios, toda vez que la caducidad actúa ope legis con las consecuencias jurídicas ya citadas”.

La defensa jurídica del titular del acotado indebidamente anulado ha sido asumida por el Letrado D. Jaime Valladolid, director de JV abogados, despacho especializado en Derecho Cinegético y Medioambiental.

El cargo Nuevo éxito de JV abogados: El TSJ de Castilla-La Mancha deja sin efecto la anulación de un coto de caza de la provincia de Guadalajara apareció primero en JV Abogados.

Más en concreto, en la sentencia, de 29 de diciembre de 2025, se hace constar el siguiente relato de hechos:

“(…), cuyos datos y circunstancias personales obran en el encabezamiento de esta sentencia, durante los meses de junio y julio de 2022 y en el mes de abril de 2023, sin autorización de su propietario, (…), ya sabiendas que no podía ejercer la actividad cinegética en la misma, accedió en varias ocasiones para cazar en la modalidad de aguardo a la finca (…).

Concretamente, en junio y julio de 2022 accedió en compañía de otro varón y un menor de edad portando rifles, cebó con hijos secos varios puntos de la finca para atraer con facilidad a los jabalíes, limpió de ramaje y hojas los puestos de aguardo y sus alrededores para facilitar el avistamiento y disparo.

(…) No constan cuántos animales se abatieron por este sistema.

Los periodos de tiempo referidos eran periodo de tiempo de veda para la caza del jabalí conforme a la Orden de 29 de junio de 2022 por la que se modifica la Orden de 5 de julio de 2018, por la que se fijan las vedas y periodos hábiles de caza en el territorio de la comunidad autónoma de Andalucía y se publican los periodos hábiles de caza para la temporada 2022-2023 y la Resolución de 17 de mayo de 2023 de la Dirección General de Política Forestal y Biodiversidad, por la que se publican los periodos hábiles de caza para la temporada 2023/2024”.

En la sentencia, la Sra. Juzgadora concluye que “los hechos declarados probados son constitutivos de un delito continuado de caza furtiva del artículo 335.1 en relación con el artículo 74 del Código Penal y de un delito continuado de caza furtiva del artículo 335.2,en relación con el artículo 74 del Código Penal”.

De este modo, el Juzgado de lo Penal nº 1 de Córdoba condena al acusado a una pena de multa de 10 meses con una cuota diaria de seis euros y responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, conforme al artículo 53 del Código Penal, así como a la pena de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de caza durante tres años y privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante tres años.

Asimismo, el acusado deberá abonar las costas procesales causadas, incluidas las de la acusación particular.

La defensa del propietario de la finca perjudicada, que actuó en el procedimiento como acusación particular, ha sido asumida por el Letrado D. Jaime Valladolid, director del despacho profesional JV abogados, especializado en Derecho Cinegético y Medioambiental.

El cargo NUEVO ÉXITO JUDICIAL DE JV ABOGADOS: Condena penal para un furtivo por cazar en una finca de Córdoba sin permiso de su propietario apareció primero en JV Abogados.

El cargo “Custodia de armas”, nuevo artículo de JV abogados en el número de febrero de Jara y Sedal apareció primero en JV Abogados.

El cargo “Control de daños”, nuevo artículo de JV abogados en el número de diciembre de Jara y Sedal apareció primero en JV Abogados.

La Administración motivaba la denegación de la renovación de las licencias de armas de las que era titular el recurrente en el hecho de que éste había sido denunciado en el año 2017 por la presunta comisión de un delito de lesiones. Sin embargo, el TSJ de Castilla-La Mancha considera muy relevante en aras a estimar el recurso tanto el “tiempo transcurrido, nada menos que ocho años, sin que al día de la fecha se hubiese celebrado un juicio”, como que dicha denuncia no conllevase en su día la “apertura de un expediente de revocación de licencias de armas”.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha dictado la Sentencia nº 471/2025, de 1 de diciembre de 2025, en virtud de la cual acuerda estimar íntegramente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por un cazador contra la resolución de la Guardia Civil por la que ésta acordó denegar la renovación de las licencias de armas de las que venía siendo titular, sustentada en que éste había sido denunciado en el año 2017 por la presunta comisión de un delito de lesiones que a fecha de hoy todavía no ha sido enjuiciado.

El TSJ de Castilla-La Mancha señala que “si nos atenemos al tiempo transcurrido, nada menos que ocho años, sin que al día de la fecha se hubiese celebrado un juicio, como que los hechos descritos no justificaron la necesidad de apertura de un expediente de revocación de las licencias de armas, nos sitúa ante un hecho aislado, pues no consta ningún otro antecedente negativo durante los años que venía disfrutando de la licencia, y una conducta penal por la que resulta investigado calificada como delito leve de lesiones”.

Asimismo, la Sentencia también tiene en cuenta que “el demandante acompañó a su escrito de alegaciones en sede administrativa un “informe de buena conducta” emitido por el Alcalde de la localidad de (…), en el sentido de que (…) era residente en dicha localidad de forma permanente, respetuosa y pacífica, dejando constancia de su buena conducta y la ausencia de cualquier conflicto vecinal”.
De este modo, la Sala concluye que: “(…) este Tribunal considera que no es posible concluir que el demandante hubiese perdido las condiciones psíquicas o físicas que le impidan seguir disponiendo de la licencia de armas, ni que su posesión y el uso de las mismas represente un riesgo propio o ajeno.

En conclusión, debemos estimar el recurso contencioso-administrativo y anular las resoluciones impugnadas al no ser las mismas ajustadas a Derecho”, declarando el derecho del demandante a disfrutar de las licencias de armas.

La defensa jurídica del recurrente en este procedimiento ha asido asumida por el Letrado D. Jaime Valladolid, director de JV abogados, despacho especializado en Derecho Cinegético y Medioambiental.

El cargo Nuevo éxito de JV abogados: El TSJ C-LM condena a la Guardia Civil a otorgar a un cazador las licencias de armas que le fueron denegadas apareció primero en JV Abogados.

Más en concreto, en la sentencia, de 1 de abril de 2025, se hace constar el siguiente relato de hechos probados:

“(…) se declara probado que el acusado (…), en hora indeterminada del día 13 de mayo de 2021, entró con clara intención de practicar la caza, en el coto privado de caza SG-XX.XXX (…), y lo hizo sin haber solicitado precinto ni autorización al presidente y denunciante del citado coto (…).

Ya en el coto, abatió un corzo macho adulto, utilizando para ello un rifle (…), el cual había modificado al incorporarle una rosca que no venía de fábrica, ni había solicitado a la compañía la rosca homologada, no estando por ello en posesión del certificado correspondiente que indica la métrica y longitud de la citada rosca.

El animal abatido, conforme la valoración aportada por la Junta de Castilla y León, tiene un valor de 6.174 euros, que el presidente del coto y denunciante reclama”.

De este modo, el Juzgado de lo Penal nº 1 de Segovia condena al acusado a las siguientes penas:

1.- Por el delito relativo a la flora y la fauna, previsto y penado en el art. 335.2 del Código Penal, seis meses de multa con una cuota diaria de seis euros (esto es, 1.080 euros), con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de la misma, conforme el art. 53 del Código Penal, y con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar por tiempo de 2 años.

2.- Por el delito de tenencia ilícita de armas, previsto y penado en los artículos 563 y 570.1 del Código Penal, un año de prisión, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena, conforme el artículo 56 del Código Penal, y con privación del derecho de tenencia y porte de armas por tiempo de 4 años.

Además, en concepto de responsabilidad civil, el acusado deberá indemnizar al titular cinegético del coto en la cantidad de 6.174 € (SEIS MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS), más los intereses que devengue, por el valor del ejemplar de corzo macho abatido.

Y, por último, también deberá abonar las costas procesales causadas.

En cuanto a la pena privativa de libertad, el Juzgado ha acorado la suspensión de su ejecución, pero condicionada a que el acusado no vuelva a delinquir durante el plazo de dos años, así como a que proceda al abono de la responsabilidad civil a la que ha sido condenado, pudiendo acordarse la revocación de dicho beneficio en caso de incumplimiento de alguno de estos requisitos, de conformidad con lo previsto en el art. 86 del Código Penal.

La sentencia es firme y contra la misma no cabe la interposición de recurso alguno.

La defensa del titular cinegético del acotado perjudicado, que actuó en el procedimiento como acusación particular, ha sido asumida por el Letrado D. Jaime Valladolid, director del despacho profesional JV abogados, especializado en Derecho Cinegético y Medioambiental.

El cargo Nuevo éxito judicial de JV abogados: Pena de prisión para un furtivo que abatió ilegalmente un corzo en Segovia apareció primero en JV Abogados.

1.- ANDALUCÍA:

Uso de dispositivos de visión nocturna o térmica en esperas y aguardos: El Anexo I de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y Fauna Silvestres, prohíbe expresamente el uso de armas provistas de amplificador de visión para el disparo nocturno o convertidor de imágenes electrónico. Por lo tanto, en esta comunidad sí estaría permitido el uso de dispositivos de visión nocturna o térmica (monoculares, binoculares, etc.) para la caza siempre que no se empleen para el disparo ni sean acoplables al arma.

Por otro lado, con fecha 31 de mayo de 2024, la Dirección General de Política Forestal y Biodiversidad dictó la resolución por la que se declara el área de emergencia cinegética temporal por daños y riesgos sanitarios de jabalí y cerdos asilvestrados en esta comunidad autónoma. En esta disposición se establece que, para facilitar la identificación de los ejemplares, garantizar la eficacia en el disparo y salvaguardar la seguridad de las personas, se podrán utilizar con carácter excepcional tanto los visores convencionales/digitales, como los visores nocturnos o visores térmicos acoplados a las armas amparadas con la licencia de armas tipo “D” (en concreto, a las armas de fuego largas rayadas de la categoría 2.ª2.), durante la práctica de la modalidad de aguardo nocturno y exclusivamente para esta especie.

Modalidad de la caza en mano del jabalí: El art. 82.2 del Decreto nº 126/2017, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación de Caza en Andalucía, dispone que en los correspondientes planes técnicos de caza se podrá autorizar la modalidad de caza en mano del jabalí con arma rayada en aquellos cotos del ámbito territorial de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, y Sierra Mágina, en Jaén, cuyos planes técnicos lo hubiesen contemplado en cualquier momento, siempre y cuando se garantice la seguridad de las personas cazadoras y de los restantes usuarios del monte que pudieran coincidir dentro del radio de acción de las armas usadas en la cacería.

2.- ARAGÓN:

Uso de dispositivos de visión nocturna o térmica en esperas y aguardos: Atendiendo a lo recogido en el artículo 41 de la Ley 1/2015, de 12 de marzo, de Caza de Aragón, como norma general está prohibido el empleo de los dispositivos de mira de los que forme parte un convertidor o un amplificador electrónico de luz para tiro nocturno.

Caza en caminos públicos: En el caso de pistas forestales o caminos no asfaltados aptos para el tránsito de vehículos, los puestos podrán colocarse en su interior durante la celebración de batidas debidamente señalizadas, aunque “solo se podrá disparar hacia el exterior de la pista o camino”.

3.- PRINCIPADO DE ASTURIAS:

Uso de dispositivos de visión nocturna o térmica en esperas y aguardos: Según establece el artículo 25 de la Ley 2/1989, de 6 de junio, de caza del Principado de Asturias, está prohibido el uso para la caza de los dispositivos de mira de los que forme parte integrante un convertidor de imagen o un amplificador de imagen electrónico de tiro nocturno. Así pues, en esta comunidad sí estaría permitido el empleo de dispositivos de visión nocturna o térmica (monoculares, binoculares, etc.) siempre que no sean destinados para el disparo ni acoplables al arma.

Control de cerdos vietnamitas en cotos regionales de caza: De acuerdo con el art. 10 del Real Decreto 630/2013 de 2 de agosto y habida cuenta del riesgo sanitario y el peligro real de hibridación con el jabalí autóctono, en las cacerías autorizadas de caza mayor que se realicen en los cotos regionales de caza, cuando se detecte la presencia de cerdos vietnamitas (Sus scrofa var. domestica) sin identificar, podrán ser abatidos los ejemplares localizados, que no serán considerados para el cupo de la especie principal del permiso de caza. De todo ello se dará cuenta al Servicio de Vida Silvestre por si se considerara necesario proceder a la toma de muestras sanitarias o a la necropsia de los cadáveres.

4.- CANTABRIA:

Uso de dispositivos de visión nocturna o térmica en esperas y aguardos: El artículo 33. 3 c) de la Ley 12/2006, de 17 de julio, de Caza de Cantabria, prohíbe tanto la tenencia como el uso para la caza de cualquier dispositivo de mira de los que forme parte un convertidor o un amplificador electrónico, así como cualquier otro tipo de intensificar de luz. Y todo ello con independencia de que se destine o no para el disparo o de que sea o no acoplable al arma.

Caza en caminos públicos: Se permite “portar armas” -no disparar- en vías pecuarias, pistas forestales y caminos rurales “cuando no exista riesgo para las personas o sus bienes”. Sin embargo, sí se permite portar y también disparar armas, siempre que “no exista riesgo para las personas o sus bienes”, en arroyos y regatos.

5.- CASTILLA-LA MANCHA:

Uso de dispositivos de visión nocturna o térmica en esperas y aguardos: En atención a lo preceptuado en el artículo 26 de la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha, en esta comunidad está prohibido, con carácter general, tanto para la caza como para la realización de control de poblaciones cinegéticas, el uso de dispositivos de visor que incluyan un convertido de imagen o un amplificador de imagen electrónico para tiro nocturno, con las salvedades contempladas reglamentariamente para la caza nocturna, así como las armas provistas de visor para el disparo nocturno. Por lo tanto, en esta región sí estaría permitido el empleo de dispositivos de visión nocturna o térmica (monoculares, binoculares, etc.) siempre que no sean destinados para el disparo ni acoplables al arma.

Caza en caminos públicos: Muy recientemente se ha aprobado una modificación de su Ley de Caza que permite a los titulares de los aprovechamientos cinegéticos ejercer la actividad cinegética mediante la colocación de puestos durante monterías y batidas en “las vías y caminos de uso público, senderos de uso público señalizados y las vías pecuarias, cuando estas atraviesen por el interior de un terreno cinegético”, pero única y exclusivamente “durante las horas que dure la cacería y siempre que cuenten con la autorización de la persona titular de la infraestructura para cortar el acceso de personas y se encuentre debidamente señalizado”. Y, en todo caso, el organizador de la cacería debe garantizar que ello no entrañe peligro “para personas, ganado, animales domésticos o especies de fauna silvestre no cinegética”.

6.- CASTILLA Y LEÓN:

Uso de dispositivos de visión nocturna o térmica en esperas y aguardos: Señala el artículo 34 de la Ley 4/2021, de 1 de julio, de Caza y Gestión Sostenible de los Recursos Cinegéticos de Castilla y León, que queda prohibido en esta región el empleo de las fuentes luminosas artificiales, espejos o dispositivos para iluminar los blancos o dispositivos de visor que incluyan un convertido de imagen o un amplificador de imagen electrónico para tiro nocturno, incluidos los visores térmicos. De este modo, el uso de estos dispositivos está prohibido en esta comunidad autónoma.

Caza en caminos públicos: Se permite durante el desarrollo de acciones colectivas de caza la colocación de puestos en caminos de uso público, siempre que la cacería sea debidamente señalizada y no se dispare en dirección a los mismos. Por otro lado, si el titular cinegético pretende cazar en los caminos de uso público que atraviesen terrenos cinegéticos o constituyan el límite de los mismos en otras modalidades que no sean acciones colectivas, “deberá incluir dicha pretensión en el plan cinegético correspondiente”.

7.- CATALUÑA:

Uso de dispositivos de visión nocturna o térmica en esperas y aguardos: Según nota aclaratoria del Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural de la Generalitat de Cataluña, “el uso de dispositivos no ensamblados en el arma de fuego no está limitado” en esta comunidad. Así pues, en esta región sí estaría permitido el empleo de dispositivos de visión nocturna o térmica (monoculares, binoculares, etc.) siempre que no sean destinados para el disparo ni acoplables al arma.

Control de cerdos vietnamitas: Se autoriza la caza del cerdo vietnamita asilvestrado y los híbridos con el jabalí tanto durante la temporada hábil de caza como en el ejercicio de las autorizaciones excepcionales por daños.

8.- COMUNIDAD VALENCIANA:

Uso de dispositivos de visión nocturna o térmica en esperas y aguardos: El artículo 12.2 f) de la Ley 13/2004, de 27 de diciembre, de caza de la Comunidad Valenciana, prohíbe “el uso de silenciadores o de miras de visión nocturna o térmica incorporadas al arma o como mecanismo de puntería”. De este modo, en esta comunidad sí estaría permitido el empleo de dispositivos de visión nocturna o térmica (monoculares, binoculares, etc.) siempre que no sean destinados para el disparo ni acoplables al arma.

Modalidades de caza al salto o en mano del jabalí: Siempre que esté autorizado en la Resolución del plan técnico, en la temporada general de caza de cada espacio cinegético y en los días hábiles de caza, se podrá cazar el jabalí al salto o en mano.

9.- EXTREMADURA:

Uso de dispositivos de visión nocturna o térmica en esperas y aguardos: Ni la Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de caza de Extremadura, ni el Decreto 34/2016, de 15 de marzo, hacen alusión alguna a la prohibición de su empleo para la caza.

Ronda nocturna: Se permite esta modalidad de caza típicamente extremeña que se realiza de noche. El cazador, que podrá ir a pie o a caballo, remata el jabalí con arma blanca una vez producido el agarre por los perros. La única especie que se permite cazar en esta modalidad es el jabalí. El número máximo de cazadores permitidos será de tres, con un máximo de quince perros. No se permite el uso de armas de fuego. La ronda únicamente podrá realizarse en superficies de gestión cerrada del jabalí. Esta modalidad se encuentra sometida al régimen de autorización expresa. No podrá autorizarse en los cinco días anteriores a la realización de una acción de caza del tipo montería, batida o gancho en cotos colindantes.

10.- GALICIA:

Uso de dispositivos de visión nocturna o térmica en esperas y aguardos. Atendiendo a lo recogido en la letra b) del artículo 68 de la Ley 13/2013, de 23 de diciembre, de caza de Galicia, estaría prohibido el uso de los dispositivos de mira de los que forme parte un convertidor o un amplificador electrónico de luz para tiro nocturno. Por lo tanto, en esta región sí estaría permitido el empleo de dispositivos de visión nocturna o térmica (monoculares, binoculares, etc.) siempre que no sean destinados para el disparo ni acoplables al arma.

Caza del jabalí durante los recechos de corzo si no se ha alcanzado la cuota de capturas: En los terrenos de régimen cinegético especial que no tengan cubierta la cuota de capturas de jabalí aprobada para la temporada 2024/25, podrá cazarse esta especie en los recechos de corzo que tengan aprobados en el correspondiente plan anual de aprovechamiento desde el 1 de abril hasta el 31 de julio de 2025.

11.- COMUNIDAD DE MADRID:

Uso de dispositivos de visión nocturna o térmica en esperas y aguardos. El artículo 7 de la mencionada Orden prohíbe el empleo de armas provistas de amplificador de visión para el disparo nocturno o dispositivos electrónicos de imagen, es decir, armas con visores térmicos, electrónico e infrarrojos o visores normales con acoples térmicos, electrónicos o infrarrojos, aunque permite el empleo de binoculares y monoculares térmicos y/o electrónicos, siempre que no vayan acoplados al arma o a su visor y no se lleve o se transporte abrazadera de acople en su caso.

Caza en caminos públicos: En caminos, vías pecuarias, cauces de ríos, arroyos y canales que atraviesen o limiten terrenos sometidos a régimen cinegético especial, el ejercicio de la caza solamente se permite excepcionalmente y previa obtención de las autorizaciones administrativas pertinentes.

12.- REGIÓN DE MURCIA:

Uso de dispositivos de visión nocturna o térmica en esperas y aguardos. Entre las prohibiciones contenidas en el artículo 46 de la Ley 7/2003, de 12 de noviembre, de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia, no se encuentra ninguna que haga alusión alguna al empleo de dispositivos de visión nocturna o térmica (monoculares, binoculares, etc.), por lo que deben entenderse autorizados siempre que no sean destinados para el disparo ni acoplables al arma.

Modalidad de caza al salto del jabalí: Se autoriza el abatimiento de jabalí al salto en terrenos cinegéticos de aprovechamiento en los períodos y modalidades de caza menor con escopeta y cartuchos de bala. En esta modalidad no está permitido el uso de perros de presa.

13.- COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA:

Uso de dispositivos de visión nocturna o térmica en esperas y aguardos. El apartado 9 del artículo 39 de la Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de Caza y Pesca de Navarra, prohíbe el uso de armas provistas de visor para el disparo nocturno. Por lo tanto, en esta comunidad si se autoriza el empleo de dispositivos de visión nocturna o térmica (monoculares, binoculares, etc.) siempre que no sean destinados para el disparo ni sean acoplables al arma.

Especificidades sobre la realización de esperas nocturnas: La caza en espera nocturna sólo podrá llevarse a cabo en puestos fijos elevados sobre el suelo, de tal forma que la trayectoria del proyectil finalice en el propio terreno. Cada puesto podrá ser ocupado por una sola persona. Estos puestos tendrán un carácter fijo y estarán cartografiados en el plan de ordenación cinegética. Se ubicarán sobre enclaves especialmente favorables para la especie y sin riesgos para las personas. La utilización de un puesto deberá ser comunicada a la guardería de Medio Ambiente de la demarcación con una antelación mínima de 48 horas.

14.- PAÍS VASCO:

Uso de dispositivos de visión nocturna o térmica en esperas y aguardos: El artículo 37 de la Ley 2/2011, de 17 de marzo, de Caza del País Vasco prohíbe el empleo y la tenencia durante el ejercicio de la caza de todos los “dispositivos de mira de los que forman parte un convertidor o un amplificador de imagen electrónica, así como cualquier otro tipo de intensificador de luz”.

15.- LA RIOJA:

Uso de dispositivos de visión nocturna o térmica en esperas y aguardos. La letra a) del apartado 3 del artículo 47 de la Ley 8/2022, de 24 de junio, de caza y gestión cinegética de La Rioja prohíbe el empleo en el ejercicio de la caza de dispositivos de mira de los que forme parte un convertidor o un amplificador de imagen electrónico, así como cualquier otro tipo de intensificador de luz, añadiendo la letra c) de este mismo apartado que tampoco se permite cualquier medio o dispositivo auxiliar que favorezca, mediante el empleo de la tecnología, la localización directa de la pieza. Por lo tanto, el uso de estos dispositivos, con independencia de que se destinen o no para el disparo o de que sean o no acoplables al arma, está prohibido en esta comunidad autónoma.

Caza del jabalí durante los recechos de corza: En aquellos acotados que tengan aprobado en su plan técnico la caza en rececho de corzo hembra estará autorizado disparar al jabalí en el desarrollo de dichos recechos, con un cupo de un jabalí por cada rececho de corza.

EMPLEO DE ATRAYENTES PARA LA CAZA: ¿ES LEGAL?

Como norma general, la mayoría de las comunidades autónomas proscriben expresamente en sus normativas cinegéticas la realización de cualquier práctica tendente a chantear, atraer o espantar la caza existente en terrenos ajenos. No obstante, existen algunas excepciones a esta norma general que detallamos a continuación.

Aun cuando en Castilla y León y Castilla-La Mancha se prohíbe “atraer” la caza de terrenos ajenos, en dichas comunidades no se entiende como tal la realización de mejoras en el hábitat, el aporte de alimentación complementaria, agua o nutrientes en forma de sales cuando se realice a distancias superiores a 250 metros respecto a los límites de los terrenos cinegéticos colindantes, ni tampoco el aporte de alimentación en los aguardos y esperas nocturnas a jabalí.

Por otro lado, en Cataluña, de forma razonada y con el fin de paliar los daños a la agricultura o la ganadera, prevenir accidentes de tráfico o en el caso de que exista algún riesgo para la integridad de las personas y sus bienes, se podrá autorizar el suministro de alimento hasta una cantidad máxima de 10 kg. de comida por día (maíz, fruta o pan) y por punto, y siempre a una distancia superior a 200 metros respecto a una carretera o camino público y en una zona específica, con el fin de atraer a los ejemplares a capturar al punto de cacería. Este suministro sólo podrá realizarse durante la vigencia de la autorización excepcional y en los días y términos establecidos en la propia autorización, sin que se puedan instalarse sistemas permanentes o automáticos de alimentación.

Por su parte, en Navarra se autoriza expresamente el empleo de sustancias olorosas no derivadas del petróleo, extendidas en una superficie nunca superior a 10 cm. por 10 cm., para la realización de esperas o aguardos nocturnos.

Por último, en Andalucía, en virtud de lo dispuesto en la Resolución de 31 de mayo de 2024, dictada por la Dirección General de Política Forestal y Biodiversidad, por la que se declara el área de emergencia cinegética temporal por daños y riesgos sanitarios de jabalí y cerdos asilvestrados en esta comunidad autónoma, se permite excepcionalmente el empleo de sustancias olorosas o atrayentes no contaminantes o nocivos para el medio natural como extractos de alimentos o plantas o derivados de la orina, así como el aporte puntual y concentrado en un solo punto o localización, a una distancia entre los 40 y 75 metros del puesto, de una pequeña cantidad de alimento vegetal o pienso, con una antelación máxima de tres días a la celebración del aguardo, y siempre que esto no constituya una suplementación alimentaria. Por ello, no se permite el uso de cualquier tipo de equipo o utensilios dispensadores de alimentación, cuyo uso está prohibido. No se autoriza el aporte de alimentos cárnicos ni la distribución o diseminación de alimentos por lugares distantes del puesto de aguardo.

*Estas consideraciones jurídico-legales son las aplicables a la fecha en la que este artículo fue redactado (agosto de 2024), por lo que evidentemente han podido ser modificadas al momento de su lectura. Por ello se recomienda consultar las leyes, reglamentos y órdenes de veda de la comunidad autónoma en cuestión.

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En un cordial y fraternal encuentro, el Letrado D. Jaime Valladolid y el presidente de la Federación Madrileña de Caza, D. Antonio García Ceva, formalizaron el acuerdo en el día de ayer, 3 de marzo de 2025.

Desde JV abogados queremos agradecer a la Federación Madrileña de Caza la confianza depositada en nuestro despacho, que asume el apasionante y emocionante reto de defender los derechos e intereses de los cazadores madrileños.

El cargo Jaime Valladolid, nuevo asesor jurídico de la Federación Madrileña de Caza apareció primero en JV Abogados.

El cargo Entrevista a Jaime Valladolid, director de JV abogados: “El papel de la caza en la sociedad es incuestionable” apareció primero en JV Abogados.

Vaya por delante que lo que aquí les cuento lo es desde la perspectiva de un simple oyente y modesto letrado defensor de quienes denuncian las desdichas y calamidades que a diario padecen en sus propias carnes. Pero también lo es con el rigor y experiencia jurídica adquirida en el noble servicio que vengo desempeñando ante las administraciones públicas y los tribunales en busca del justo amparo que precisan todos ellos.

En la actualidad, el lobo (Canis lupus signatus) está incluido en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (conocido por su acrónimo LESPRE) que, como tal, es tributario de una estricta conservación en todo nuestro territorio nacional. Lejos queda ya el estatus establecido en la Directiva Hábitats que marcaba el río Duero como límite diferenciador en la tutela del cánido. El lobo no puede ser cazado en los 506.000 km² que conforman nuestro país.

¿Y al campesino quién le protege?

No es oportuno aquí efectuar un análisis axiológico o valorativo sobre las razones políticas o sociológicas que han promovido tal decisión, pero es innegable que Europa y España han empleado todos sus esfuerzos y recursos en aras a su preservación. Parte de estos fondos han sido canalizados hacia las comunidades autónomas con presencia del cánido y que son competentes en su gestión. Y es precisamente aquí, en la digestión de tan suculento pastel, donde conviene que nos detengamos. ¿Se han empleado eficazmente estos caudales públicos? El Gobierno de España y las comunidades, en el ámbito de sus respectivas competencias, aprobaron en su día la bautizada como Estrategia para la gestión y conservación del lobo (Canis lupus) y su convivencia con las actividades del medio rural, que ha ido actualizándose sucesivamente. No resulta casual o fortuita la coletilla en la denominación de esta herramienta orientativa, aunque, como se verá, permanece desde su troquelado encerrada con doble llave en el cajón de la indiferencia. En efecto, las administraciones evocan la protección del lobo, pero desatienden la del rural. Sin duda, un brindis al sol para mantener bocas cerradas que tiene su reflejo en un sinfín de despropósitos en los que siempre pierde la misma: la España vaciada, la España saqueada…

Sin ir más lejos, en mi tierra, Castilla-La Mancha, mientras que con una mano se suscribe la Estrategia regional frente a la despoblación y su Gobierno se autoproclama salvador de comarcas como la Sierra Norte de Guadalajara, con la otra se aprieta impávidamente el pescuezo de unos pueblos agonizantes que dan ya sus postreras bocanadas. Sí, al socaire del lobo y su protección, se burlan de quienes, hurtados del pan de sus hijos, alimentan al cánido. A los ganaderos les intentan callar con limosnas que llegan tarde, mal y nunca, mientras que a los titulares de los cotos de caza (muchos de ellos pequeños ayuntamientos cuya subsistencia pende del arrendamiento de este aprovechamiento) les prohíben la práctica de modalidades como las esperas o aguardos de jabalí. ¿Y quién pierde aquí? La misma: la España vaciada, la España saqueada…

¿Es ya demasiado tarde?

Los madrileños llevan años implorando que su Gobierno apruebe un plan de gestión del lobo tendente a compatibilizar la presencia del cánido con el desarrollo de la ganadería extensiva. Quizás, si la Comunidad de Madrid aguarda un poco más, cuando el lobo haya acabado ya con las vacas, ovejas y cabras de su sierra, ello no será necesario. Y a costa una vez más de la de siempre: la España vaciada, la España saqueada… 

Más al norte, en Galicia, su incompetente Gobierno, por una cuestión política, perdió en el año 2023 unos 4 millones de euros que iban a ser destinados a la concesión de ayudas para prevenir y paliar los daños provocados por el lobo. La fiesta la vuelve a pagar la misma de siempre: la España vaciada, la España saqueada…

Los tribunales de Justicia, incluido el Supremo, ya se han pronunciado. Y lo han hecho de manera contundente: unos pocos no pueden pagar la fiesta de otros muchos. Las administraciones públicas deben indemnizar íntegramente a los perjudicados de todos los daños provocados por el lobo, pues éstos no tienen el deber jurídico de soportarlos. Y no por el valor que éstas han fijado unilateralmente. Las limosnas disfrazadas de ayudas que sus dirigentes han pactado en muchos casos con algunas organizaciones y sindicatos agrarios cómplices de esta injusticia, no son suficientes. Sin embargo, pese a estos pronunciamientos judiciales, la triste realidad a día de hoy es que no ha cesado el obstinado y recalcitrante actuar de unos gobernantes que, bajo el subterfugio de la protección del lobo, continúan empeñados en que esta fiesta la siga pagando la misma de siempre: la España vaciada, la España saqueada.

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